Amnistía Internacional ha instado al gobierno británico a investigar un informe difundido recientemente en el programa de televisión «Newsnight», de la BBC, según el cual Zardad, ex jefe militar afgano que actualmente reside en Londres, ha sido responsable de graves abusos contra los derechos humanos cometidos en Afganistán entre 1992 y 1996.
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Durante el programa se reveló que Zardad había dado muerte a civiles indefensos, que tanto él como sus subordinados habían participado en actos de tortura, entre ellos la violación de mujeres, y que Zardad había permitido que sus tropas cometieran abusos contra los derechos humanos.
En virtud de la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, que ratificó en 1988, el Reino Unido tiene la obligación de velar por que los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia.
Amnistía Internacional ha señalado: «Conforme al derecho internacional, cuando una persona contra la que pesan graves acusaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o actos de tortura se encuentra presente en el territorio de un Estado, éste tiene la obligación de llevar a cabo una investigación, con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes que se atribuyen a esa persona y de la nacionalidad de ésta».
La omisión del gobierno británico a la hora de investigar estos informes podría apuntar a la ocultación de una responsabilidad compartida por la comisión de estos abusos. Muchos caudillos militares afganos cometieron abusos usando armas que algunos gobiernos, incluido el británico, les proporcionaron en el pasado.
El caso de Zardad pone de relieve una red de impunidad que se extiende dentro y fuera de Afganistán y que sigue haciendo posible la comisión de abusos contra la población afgana. Hasta la fecha, las personas contra las que pesan graves acusaciones al respecto han podido circular dentro y fuera del país con libertad y sin temor a ser enjuiciadas.
Si se realiza una investigación que saque a la luz suficientes pruebas admisibles, Zardad debería ser sometido a juicio en el Reino Unido. Si las autoridades británicas devolvieran a Zardad a Afganistán, es probable que fuese sometido a un juicio injusto y condenado a muerte.
Información general
La población civil afgana ha estado a merced de las acciones de los grupos armados durante los últimos veintiún años. Asimismo, las tropas de la ex Unión Soviética que ocuparon el país cometieron graves violaciones de derechos humanos, como lo hizo también KHAD, la policía secreta del gobierno prosoviético.
Millares de civiles perdieron la vida durante el bombardeo indiscriminado al que grupos armados como el de Zardad sometieron a la ciudad de Kabul entre 1992 y 1995. Incluso en años recientes se han registrado matanzas de civiles a manos de los talibanes.
La Convención contra la Tortura estipula que todos los Estados deben
comprometerse a investigar y, de existir suficientes pruebas admisibles,
enjuiciar a los sospechosos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o
actos de tortura, con independencia del lugar donde se hayan cometido dichos
crímenes y de la nacionalidad de los perpetradores y de sus víctimas. Los
juicios que se inicien en este marco deben ajustarse a las normas
internacionales sobre imparcialidad procesal y no deben incluir la posibilidad
de que se imponga la pena de muerte.
